SOBERANIA ALIMENTARIA

LO QUE VA DE LA SEGURIDAD A LA AUTONOMIA

  Dos conceptos han conducido las políticas y las luchas por la alimentación de los pueblos y han primado, cada uno a su tiempo: el de seguridad alimentaria y el de soberanía alimentaria. Sus limitaciones se han hecho ver igual que sus ventajas.  

El ALCA amenaza seriamente el derecho a una alimentación adecuada. Los movimientos populares atacan ese proyecto desde diversos horizontes y cuentan con conceptos que operan como una caja de herramientas en su quehacer. Ahora queremos reflexionar en torno a esa caja de herramientas, en torno a los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria y proponer la adopción del criterio de autonomía alimentaria de los pueblos y las comunidades. Intuimos que es una mejor herramienta para la satisfacción colectiva del derecho a la alimentación adecuada.

  Preguntas sobre la seguridad.

  El concepto de seguridad alimentaria ha orientado durante tres décadas, se habla de seguridad alimentaria cuando todas las personas, durante todo el tiempo tienen acceso físico, social y económico a la alimentación suficiente, segura y nutricionalmente necesaria para satisfacer las necesidades nutritivas y las preferencias alimenticias que les permita llevar una vida activa y saludable.

  La utilidad de este concepto consiste en que permite entender la importancia de que la disponibilidad de los alimentos, el acceso a ellos y su calidad sean ¨sostenibles¨. No obstante, la noción tiene varias falencias (estas críticas son hechas por Rolf künnemann, del secretariado ejecutivo de FIAN internacional (Foodfirst Information and action Network): da una importancia preponderante al tema de la disponibilidad de alimentos por sobre el problema del acceso. Por consiguiente, desatiende lo relativo  a las formas de acceso individual o colectivo a la comida.  

Cuando se trabaja sobre seguridad alimentaria, la accesibilidad se infiere de la disponibilidad; hay que preguntarse: ¿de qué nos sirve tener la disponibilidad de muchos alimentos si no podemos comprarlos?. Factor crucial de análisis es también la pérdida de fortaleza de la noción de seguridad alimentaria frente al comercio global de alimentos y a las formas contemporáneas de producirlos. Puesto que el concepto se despreocupa por el tema del acceso a los alimentos, es muy difícil criticar a partir de él las importaciones de alimentos a gran escala, criticar el hecho de que si bien hay alimentos en las vitrinas de los supermercados, no los hay en los hogares; controlar el control del mercado de semillas por parte de un puñado de corporaciones, o criticar la producción intensiva de alimentos por la vía del monocultivo o de la utilización indiscriminada de pesticidas contaminantes.  

También es muy problemática la excesiva indeterminación frente a los sujetos que se relacionan con lo alimentario. Al no tener un estatus jurídico exigible, la seguridad alimentaria no es ni un derecho, ni una obligación de los Estados [Künnemann 2002] y por lo tanto no se ubican adecuadamente ni los agentes de vulneración del derecho, ni se atiende a las víctimas. La seguridad alimentaria solo  mira las situaciones de seguridad o inseguridad, sin indagar lo suficiente acerca de los sujetos que las viven.

  Un paso adelante: La soberanía.  

El otro concepto utilizado en los últimos años es el de soberanía alimentaria. Lo introdujo en los años noventa el Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria de México, que lo definió como la libertad y capacidad de decidir las estrategias productivas de abastecimiento, conservación y consumo de alimentos, tanto por individuos como por comunidades y naciones [Estrada 1998].  

A su vez, la organización Vía Campesina define la soberanía como el derecho de los pueblos, de los países o uniones de Estados a definir sus políticas agraria y alimentaria, sin dumping (término que se refiere a las importaciones masivas que se hacen a bajo precio y que destruyen la producción local de diversos productos, en este caso los agrarios y alimentarios) frente a terceros países [Vía Campesina 2003]. La soberanía alimentaria plantea alternativas frente a las políticas globales de liberalización comercial en materia agraria y alimentaria.  

La soberanía alimentaria se muestra como un concepto más avanzado, gracias a que intenta dar cuenta de las dinámicas propias del mercado mundial de alimentos, al poder de las empresas transnacionales y al poder de las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el FMI. En ese sentido, el concepto de soberanía alimentaria logra atender a muchas de las problemáticas actuales.

Una feria con olor y sabor a campo
Autor: Tatiana Roa Avendaño- Censat Agua Viva - Amigos de la tierra


Las carpas blancas estaban organizadas en medio del parque Bolívar, en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Allí fueron llegando campesinos y campesinas de diversos municipios santandereanos, boyacenses y caribeños; negros del Pacífico colombiano, indígenas del Cauca que atravesaron medio país, para llevar sus bellos artículos de lana, sus semillas, sus productos agroecológicos y su sabiduría ancestral; pescadores de las ciénagas de Santander y de Córdoba que enseñaron sus enormes atarrayas acompañadas de semillas de maíz de todos los colores; y artistas venidos de todos los rincones de Colombia se sumaron a esta gran feria multicolor.

La primera Feria Agroecológica y el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria, se realizó en Bucaramanga, Santander del 14 al 17 de noviembre de 2002. Este evento lo convocamos diversas organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de trabajadores y ambientalistas, que durante un año reflexionamos sobre los graves problemas que enfrentan las comunidades y los pueblos para hacer posible reverdecer el campo. En medio de un ambiente festivo y colorido, los asistentes prepararon sus exposiciones para el Foro y organizaron los productos de su trabajo en las carpas.

Nuestra propuesta se regó como el trigo en el campo y a la cita acudieron delegados del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de las luchas contra la privatización del agua en Bolivia, campesinos y campesinas de Colombia y de Ecuador, ambientalistas europeos, latinoamericanos y colombianos, colegiales, universitarios e investigadores.

Más de doscientas personas se confundieron en una sola voz que llenó por cuatro días las expectativas de los asistentes, al compás de música autóctona campesina y al calor de la chicha de maíz, del trigo, de cubios, de ahuyama y de chachafruto. Nos deleitamos con angú, arequipe, queso, tortas y un sin fin de comidas tradicionales más.

El foro trabajó en torno a tres temas: El contexto nacional e internacional del problema alimentario; el derecho a la alimentación y la soberanía de los pueblos; y los escenarios de acción para la soberanía alimentaria. Bajo las carpas y en los talleres, los campesinos mostraron orgullosos, decenas de sus variedades de semillas de maíz, papa, haba y fríjol que, entre otras, fueron intercambiadas utilizando el tradicional sistema del trueque. En cada rincón del parque, los hombres y las mujeres del campo enseñaron sus técnicas tradicionales para conservar las semillas, para cocinar un plato ya olvidado, para preparar un purín, para elaborar un queso o para construir un biodigestor.

Se ha querido marginar al campesinado de los beneficios de la economía y se tiende a invisibilizarlos, al desconocer sus derechos fundamentales a la vida, a la tierra, a la soberanía alimentaria, a la producción de los alimentos, a la participación en las decisiones y a la conservación de sus semillas y ecosistemas. Es por ello que, quienes participamos en el Foro y en la Feria, dimos una lección de tolerancia y respeto, con la certeza de que otro mundo es posible y reivindicamos el deber y el derecho como pueblos a reconstruir nuestros territorios y sueños.

La jornada en Bucaramanga fue solo una etapa más en nuestro camino para hacer visible al campesinado, a los indígenas y a los afrodescendientes, como sujetos históricos reales en la construcción de una sociedad y un país justo, sustentable, soberano y equitativo. El Foro aportó elementos para la recuperación de la agricultura nacional, el restablecimiento de la soberanía alimentaria y para la realización de una verdadera reforma agraria integral. La Feria fue otro paso en la lucha por la preservación del medio ambiente, por el acceso al agua, a los bosques, a los suelos y al subsuelo; igualmente para lograr los derechos de la gente del campo a la justicia económica, al derecho a la tierra, a los territorios y a la sustentabilidad.

La feria y el foro fueron convocados por: APROINFUP - Granja el Puente, Asociación de Mujeres Campesinas de Lebrija AMMUCALE, Asociación de Productores de la Ciénaga Grande ASPROCIG, CENSAT Agua Viva, Cadisgar, García Rovira, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Consejo Regional de Pescadores del Magdalena Medio, Coordinador Nacional Agrario CNA, Grupo Semillas, Empresa Comunitaria Buenos Aires EMCOBA, Organización Nacional de Indígenas de Colombia ONIC, Proceso de Comunidades Negras, Red de Acción en Plaguicidas - RAPALMIRA, Sintradin, UIS - Nodo de Producción más Limpia de Santander-

  Convergencia Campesina, Negra e Indígena-CNI a todas las colombianas y colombianos: paro nacional, ejercicio legítimo de nuestro derecho a la movilización y a la protesta civil

Mientras el pueblo sufre el desplazamiento forzado, el hambre, el  desempleo, la escasez de vivienda popular, las alzas de precios, matrículas y tarifas, la represión oficial; las transnacionales y los grandes ricos de Colombia hacen un festival con el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, pues los precios de sus acciones en las Bolsas de Valores se han multiplicado a costa del crecimiento de la deuda de la nación; sus utilidades crecen gracias a la reforma laboral que saqueó a los trabajadores; se negocia el llamado “Tratado de Libre Comercio” TLC con Estados Unidos; en tanto que aparecen normas y procesos tendientes a legalizar la más descarada concentración de la propiedad del 61 % tierra en manos de un puñado de latifundistas especuladores, que se han valido de la violencia y también de las quiebras de los agricultores por cuenta de la política neoliberal y las importaciones. 

Las repetidas huelgas y movilizaciones que expresan la inconformidad popular son respondidas con un plan para instaurar en Colombia una dictadura civil autoritaria mediante sucesivas reformas reaccionarias a la Constitución. El gobierno intentó legitimar este proceso con el referendo y fracasó, pero de todos modos continúa con su plan. Ha logrado mediante oscuras maniobras que el Congreso apruebe los allanamientos y detenciones sin orden judicial. Ahora se enfila contra la acción de tutela que defiende los derechos colectivos fundamentales; ataca las facultades de control de la Corte Constitucional y amenaza romper con la separación de la rama judicial del poder. Las reformas constitucionales, que incluyen la reelección inmediata de Uribe, abarcan los más diversos campos, como las transferencias a las entidades territoriales y el ordenamiento territorial y seguramente se extenderán a todos los aspectos que Estados Unidos imponga en el TLC. 

Esta política de instauración de un régimen represivo que aplaste al movimiento social civil, se ve apuntalada mediante la llamada “seguridad democrática”, signada por la continuidad de los asesinatos de dirigentes populares (por ejemplo 102 sindicalistas entre mayo de 2003 y abril de 2004), masacres como las de Cajamarca, Bahía Portete, Tame y muchas más; constantes detenciones masivas especialmente en el sector rural, detenciones selectivas de sindicalistas, líderes populares, artistas e intelectuales a quienes después de muchos meses tienen que dejar en libertad, torturas, desapariciones, ataques a manifestaciones pacíficas como la del 18 de mayo contra el TLC en Cartagena, y todo tipo de violaciones de los derechos humanos y desconocimiento de las libertades ciudadanas. 

Continúa el gobierno de Uribe y lleva al extremo la fumigación aérea de los cultivos ilegales, programa fracasado mil veces en lo que se refiere a la erradicación de tales cultivos, pues los cultivadores para subsistir simplemente se desplazan y dispersan en la selva o adoptan nuevos métodos y técnicas de cultivo para mantener la producción. Las fumigaciones aéreas han demostrado ser sólo un nuevo método de desplazamiento forzado que como lo han certificado asociaciones científicas, perjudica gravemente los suelos, el medio ambiente y la salud. 

Las aventuras del gobierno para financiar la solución militar del conflicto armado y la obediencia servil al FMI lo llevan a tomar medidas directamente contra el pueblo como las alzas de la gasolina y electricidad y las proyectadas enésimas reformas pensional y tributaria, la última de las cuales pretende gravar con 4 % los alimentos básicos. 

Creemos las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas que no podemos quedarnos paralizados ante tanta violencia, prepotencia e injusticia social del actual gobierno. Por eso el 18 de mayo las organizaciones del CNI y otras de carácter regional y local decidimos convocar a todas las colombianas y colombianos a acompañarnos en octubre en un paro nacional, que será el ejercicio legítimo de nuestro derecho a la movilización y a la protesta civil, en el cual levantaremos este pliego de exigencias: 

I. Retiro de Colombia de las negociaciones del TLC. No al ALCA, defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad, nuestras semillas, del patrimonio y propiedad intelectual y cultural colectivos y de la producción nacional agropecuaria. 

II. Derecho a autoabastecerse de alimentos sanos, nutritivos y balanceados. Soberanía Alimentaria. Apoyo estatal prioritario a los mercados campesinos y trueques rurales y con la población urbana. 

III. No más alzas contra el pueblo: No al lVA a los alimentos, atrás las alzas de la gasolina, los medicamentos, los insumos agropecuarios, la educación y la electricidad. No a las privatizaciones, defensa de Ecopetrol y demás empresas del estado. 

IV. No al Plan Colombia; alto a las fumigaciones aéreas de cultivos campesinos y demás métodos de erradicación forzada; establecimiento planes alternativos con perspectivas de éxito basados en entrega de tierras buenas y precios de sustentación para los productos. 

V. Respeto a los derechos humanos; no más masacres; libertad de protesta y organización; alto al uso de la política de “seguridad democrática” y el Plan Patriota para golpear a las comunidades, las organizaciones populares y apresar campesinos, indígenas y afrocolombianos. 

VI. Reparación plena para todas las víctimas de la violencia y de los proyectos de inversión que deterioran el ambiente. Verdad y Justicia, no a la impunidad. Derogatoria de las normas que legalizan el despojo de la tierra de los desplazados. 

VII. NO a las reformas constitucionales que desnaturalizan la acción de tutela, limitan la independencia del poder judicial y las facultades de la Corte Constitucional, golpean las libertades democráticas y eliminan el carácter de entidad territorial de TODOS los Territorios Indígenas. 

VIII. Defensa de la territorialidad campesina, indígena y afrocolombiana y la diversidad cultural; defensa de los resguardos indígenas, tierras colectivas de las comunidades negras y reservas campesinas; distribución de las 4 millones 700 mil hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas en manos del latifundio especulativo; retorno de los desplazados a sus parcelas; alto a los embargos, desalojos y remates por deudas de los productores agropecuarios. 

IX. Cumplimiento de todos los acuerdos suscritos por el gobierno nacional y demás autoridades con las comunidades y organizaciones. 

Este pliego y esta lucha están abiertos a las contribuciones de los sindicatos, organizaciones de mujeres, jóvenes, viviendistas, ambientalistas, juntas comunales y demás organizaciones populares. Sin discriminación, la organización del paro convoca local, regional y nacionalmente a todas las organizaciones que participarán, para preparar, conducir y realizar en forma pluralista y masiva esta gran protesta civil

minga indigena septiembre de 2004

mujeres campesinas  octubre de 2003

Escuela Nacional Mujer y Soberanía Alimentaria ANUC-UR Declaración de mujeres campesinas Las mujeres campesinas del proceso de mujeres de Anucur, delegadas de los departamentos de Nariño, Cauca, Santander, Cundinamarca, Huila, Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar, delegadas de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, Floridablanca, y de la RECAR provenientes de Córdoba y Sucre; nos reunimos del 1 al 5 de octubre en EMCOBA Santander, en el marco de la “Escuela Nacional Mujer y Soberanía Alimentaria” con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar y reafirmar nuestras reflexiones en torno a los impactos del ALCA, el TLC, la imposición de semillas genéticamente manipuladas, el papel de la agricultura orgánica y la soberanía alimentaria en nuestros territorios y nuestro papel como mujeres campesinas en la resistencia y la generación de alternativas de vida digna Las mujeres campesinas del proceso de mujeres de Anucur, delegadas de los departamentos de Nariño, Cauca, Santander, Cundinamarca, Huila, Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar, delegadas de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, Floridablanca, y de la RECAR provenientes de Córdoba y Sucre; nos reunimos del 1 al 5 de octubre en EMCOBA Santander, en el marco de la “Escuela Nacional Mujer y Soberanía Alimentaria” con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar y reafirmar nuestras reflexiones en torno a los impactos del ALCA, el TLC, la imposición de semillas genéticamente manipuladas, el papel de la agricultura orgánica y la soberanía alimentaria en nuestros territorios y nuestro papel como mujeres campesinas en la resistencia y la generación de alternativas de vida digna. DECLARAMOS QUE: 1. La soberanía alimentaria es un derecho de las comunidades campesinas e indígenas.  2. La soberanía alimentaria hace parte de nuestra resistencia y de la defensa de la vida y del territorio.  3. El mandato agrario como documento que recoge el sentir de las organizaciones rurales del país y que traza lineamientos de una política agraria en Colombia, debe ser difundido a todas las comunidades que no participaron de su elaboración para ser retroalimentado y posicionado.  4. Rechazamos el ALCA, los acuerdos bilaterales y los megaproyectos porque desconocen nuestra cultura, dan poder a las transnacionales, explotan y se apropian de nuestros recursos y afectan nuestra soberanía alimentaria.  5. Rechazamos el llamado “desarrollo” que se impone y le apostamos a la implementación de otros planes alternativos construidos desde las comunidades.  6. Como mujeres campesinas estamos convencidas que las semillas criollas hace parte de nuestra cultura y patrimonio y son elemento fundamental en la preservación de la vida, por lo tanto nos comprometemos a cuidarlas y defenderlas.  7. Reafirmamos nuestra lucha por el acceso a la tierra y a ejercer en ella nuestra capacidad de producción de una forma autónoma, de manera que garantice la sustentabilidad y la alimentación de nuestras comunidades y del país.  8. Nos comprometemos a recuperar desde nuestra cotidianidad los conocimientos ancestrales, reafirmar nuestra identidad, consumir lo propio y natural e implementar una producción diversificada involucrando en todo ello a nuestra familia y comunidad.  9. Rechazamos rotundamente las semillas transgénicas, ya que éstas van en contra de la integridad humana y la dignidad de la naturaleza y constituyen una falta de ética con la vida misma.  10. Reafirmamos nuestro compromiso con la campaña mundial de las semillas “Las semillas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, impulsada por la organización Vía Campesina y las ONG ambientalistas en alianza con ella.  11. Trabajamos por la coordinación y la unidad de acción con otras organizaciones y ONG amigas para la defensa de la vida desde lo local, regional, nacional y mundial. Dada en Puente Nacional - Santander, a los 5 días del mes de octubre de 2003. Mujeres Campesinas delegadas a la “Escuela Nacional Mujeres y Soberanía Alimentaria”

FORO MUNDIAL SOBRE LA REFORMA AGRARIA

FORO MUNDIAL SOBERANIA ALIMENTARIA 2001.

A pesar de avances acelerados y continuos de la ciencia y nuevas técnicas de producción, 800 millones de personas en el mundo carecen de productos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Las imágenes de niños famélicos y jóvenes que parecen ancianos son frecuentes cada semana en las grandes cadenas de televisión. Mil 300 millones de personas luchan por sobrevivir, muchas con menos de un dólar diario, y su prioridad esencial es conseguir comida.

Para discutir estos y otros problemas se reunieron hace unos días, en La Habanas, más de 400 delegados de organizaciones sociales, agrarias, indígenas y profesionales de 60 países. El Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, realizado del tres al siete de setiembre del 2.001, tuvo como objetivo diseñar estrategias para presionar a los gobiernos a crear instrumentos mas adecuados para combatir este azote de la humanidad. Los asistentes analizaron las causas económicas, políticas y sociales que afectan la seguridad alimentaria de los pueblos, cinco años después de los acuerdos adoptados en la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma, en 1996.

Varios especialistas opinaron que un obstáculo al acceso a una nutrición adecuada es la falta de voluntad política de muchos gobiernos para adoptar políticas más efectivas, y los más radicales culparon al capitalismo neoliberal. Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (privados) de Cuba, abogó por una firme acción de los Estados, dijo que la Revolución cubana resolvió el problema agrario pero reconoció que las necesidades alimentarias de sus compatriotas aún no están resueltas.

Fuentes cercanas al cónclave consultadas por Radio Nederland expresaron la esperanza de que sus conclusiones repercutan en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Qatar y en la Cumbre sobre la alimentación convocada por la FAO en Roma. En las sesiones efectuadas en el Palacio de Convenciones, se escucharon ataques a las empresas multinacionales, a la propiedad privada de las mejores tierras y fue evocada la dramática falta de alimentos en Africa.

Egidio Brunetto, del Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, criticó las políticas neoliberales que "rechazan cualquier tipo de reforma agraria" y dijo que los campesinos deben tener el derecho de producir los alimentos con la calidad requerida. El francés José Bové dijo que cada región tiene derecho a definir su propia política agrícola. "Si esta última no existe, no se puede hablar de seguridad alimentaria".

El estadounidense Steve Suppan acusó al gobierno de Washington de utilizar el tema de la alimentación como elemento de presión contra los países que considera enemigos, en una alusión el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Para algunos delegados de América Latina las reformas agrarias no bastan para resolver el problema del desarrollo rural sin un complemento de créditos blandos a los campesinos y amplios programas de educación, salud y desarrollo cultural.

El Foro sobre Soberanía Alimentaria se efectuó cinco años después de los acuerdos adoptados en la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, donde los gobiernos se comprometieron a reducir para el ano 2015, a la mitad, la cifra de 800 millones de personas que padecen hambre. Sin embargo, a finales del ano 2000, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció que seria imposible cumplir ese acuerdo y fijó el 2030 como el nuevo plazo.

soberania alimentaria

La Vía Campesina es un movimiento creciente de organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, trabajadores agrícolas, mujeres rurales y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo. 

La alimentación es un derecho humano básico

Este derecho únicamente se puede asegurar en un sistema donde la soberanía alimentaria esté garantizada. Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina.

Nosotros, LA VIA CAMPESINA, rechazamos las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestros medios de ganarnos la vida, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente natural.

La liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad productiva local y las sociedades rurales. esta agenda corporativa no toma en cuenta la seguridad alimentaria de los pueblos. Es un sistema económico inequitativo que amenaza tanto a la naturaleza como a la gente, con el único fin de generar ganancias para unas cuantas personas y transnacionales. A los campesinos y pequeños productores se les niega el acceso y control de la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales.

Nuestra respuesta a esta situación, crecientemente hostil para los campesinos y pequeños productores alrededor del mundo, es desafiar colectivamente estas condiciones y desarrollar alternativas.

Estamos resueltos a crear economías rurales que se basen en el respeto hacia nosotros mismos y a la tierra, en la soberanía alimentaria y en el comercio justo. Las mujeres juegan un papel central en la soberanía alimentaria del hogar y de la comunidad; por lo tanto tienen el derecho de acceder a los recursos para la producción de alimentos, tierra, crédito, capital, tecnología, educación y servicios sociales, y una oportunidad igual para desarrollar y utilizar sus habilidades. Estamos convencidos que el problema global de inseguridad alimentaria puede y debe ser resuelto. La soberanía alimentaría sólo se puede lograr a través de la solidaridad y la voluntad política para implementar alternativas.

La seguridad alimentaria a largo plazo depende de los que producen alimentos y cuidan del medio ambiente natural. Como los administradores de los recursos de producción de alimentos, sostenemos los siguientes principios como marco fundamental necesario para lograr la seguridad alimentaría.

Alimentación: Un Derecho Humano 

La alimentación es un derecho humano básico, todos y cada uno deben tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficientes para llevar una vida sana completa dignidad humana. Cada nación debe declarar el derecho de acceder a los alimentos como un derecho constitucional y garantizar el desarrollo del sector primario para asegurar la realización completa de este derecho fundamental.

Reforma Agraria para la Soberanía Alimentaria 

Demandamos una auténtica Reforma Agraria que garantice a los sin tierra y familias campesinas -especialmente a las mujeres- la tenencia y el control de la tierra que trabajan y la devolución de los territorios a los pueblos indígenas. El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación basada en género, religión, raza, clase social o ideología; la tierra pertenece a quienes la trabajan.

Las familias campesinas, especialmente las mujeres, deben tener acceso a la tierra productiva, crédito, tecnología, mercados y servicios de extensión. Los gobiernos deben establecer y apoyar sistemas descentralizados de crédito rural que prioricen la producción de alimentos para el consumo doméstico y asegurar la soberanía alimentaría. Se debe usar la capacidad de producción en vez de la tierra como seguridad para garantizar el crédito.

Se debe valorar económica y socialmente el trabajo de producción de alimentos y el cuidado de la tierra para motivar a la juventud a que permanezca en las comunidades rurales como ciudadanos productivos. Los gobiernos deben hacer inversiones a largo plazo de los recursos públicos en el desarrollo rural para asegurar la infraestructura social, ecológicamente adaptada.

Soberanía alimentaria: Preservando los recursos naturales 

La soberanía alimentaria requiere del cuidado y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente de la tierra, el agua y las semillas. Nosotros, los que trabajamos la tierra, debemos tener el derecho de practicar el manejo sostenible de los recursos naturales y preservar la diversidad biológica. Esto se puede hacer únicamente desde una base económica fuerte con seguridad en la tenencia de la tierra, suelos saludables y uso reducido de productos agroquímicos.

La sostenibilidad a largo plazo exige un cambio de la dependencia en los químicos y en los monocultivos de exportación y modelos de producción intensivos industrializados. Se  requieren sistemas diversificados, naturales y equilibrados.

Los recursos genéticos son el resultado de milenios de años de evolución y pertenecen a toda la humanidad. Ellos representan el trabajo cuidadoso y el conocimiento de muchas generaciones de pueblos rurales e indígenas. Patentar y comercializar recursos genéticos por parte de compañías privadas y transnacionales debe ser prohibido. El acuerdo del Derecho de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio es inaceptable. Las comunidades campesinas tienen el derecho de usar libremente y proteger los recursos genéticos diversos, incluyendo las semillas, las cuales han sido desarrolladas por estas mismas comunidades a través de la historia. Esta es la base para lograr la soberanía alimentaria.

Soberanía Alimentaria: Reorganizando el comercio de alimentos 

Los alimentos son, en primer lugar, una fuente de nutrición y únicamente en segundo lugar un artículo comercial. Las políticas agrícolas nacionales deben darle prioridad a la producción para el consumo doméstico y la autosuficiencia alimentaria. Los alimentos de exportación no deben desplazar a la producción local ni desplomar los precios. Esto significa que el dumping por productos subsidiados para la exportación de alimentos debe cesar. Los campesinos tienen el derecho a producir alimentos básicos esenciales para sus países y controlar el mercado de sus productos.

Los precios de los alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben ser regulados y deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismos. Esto asegurará que las familias campesinas tengan ingresos adecuados. No es aceptable que la comercialización de los alimentos continúe, teniendo como base la explotación económica de la gente más vulnerable ---campesinos pobres, con bajos sueldos--- y la degradación a fondo del medio ambiente.

Asimismo, no es aceptable que las decisiones de comercialización y producción sean en gran parte dictadas por la necesidad de divisas extranjeras para cubrir cargas de deudas altas. Estas deudas colocan una carga desproporcionada en los ciudadanos rurales.

Exigimos sean condonadas estas deudas.

Soberanía Alimentaria: Eliminar la globalización del hambre 

La soberanía alimentaria es socavada por las instituciones multilaterales y por el capital financiero especulativo. El control creciente de las compañías multinacionales sobre las políticas agrícolas del mundo ha estado propiciado por las políticas económicas de las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Exigimos regulación y establecimiento de impuestos al capital especulativo y queque sea implementado un estricto control mediante un código de conducta para las transnacionales.

Paz Social: Condición de Soberanía Alimentaría 

Todos tenemos el derecho a la libertad sin violencia. Los alimentos no deben ser utilizados como un arma, el incremento de los niveles de pobreza y marginalización en el campo, junto a la opresión creciente de minorías étnicas y pueblos indígenas, agravan las situaciones de injusticia y desesperación El desplazamiento actual, la urbanización forzada y la represión a los campesinos no se puede tolerar. Denunciamos la creciente discriminación racial en las áreas rurales.

Soberanía Alimentaria: Control democrático 

Los campesinos y pequeños productores deben tener una intervención directa en la formulación de políticas agrarias en todos los niveles. Esto incluye la actual Cumbre Mundial sobre Alimentación de la cual estamos excluidos. Las Naciones Unidas y organizaciones relacionadas tienen que democratizarse para asegurar que esto se realice.

Todos tenemos el derecho a la información certera y honesta y a un proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos son la base de buenos cuerpos de dirección, de responsabilidad de igual participación directa y activa en la toma de decisiones sobre asuntos alimentarios y rurales.

Por la vida, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad - ¡No al ALCA!
CONGRESO NACIONAL AGRARIO
MANDATO AGRARIO

Mandato Agrario surgido del Congreso Nacional Agrario, realizado en Bogotá, Colombia, los días 7 y 8 de abril de 2003

Hemos constatado la gravedad de la crisis económica y social en nuestros territorios y cómo genera el crecimiento acelerado de la pobreza y violencia del país. Enfrentamos el proceso de la llamada globalización impuesto por Estados Unidos y otros países poderosos, mediante organismos multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, en beneficio de las empresas transnacionales, las cuales avanzan en el control mundial de la producción y distribución de alimentos y de los territorios, mediante la apropiación monopolista y la manipulación de la tecnología, el saber y el patrimonio genético, y mediante las medidas de reforma política y represión, que imponen y garantizan tanto ese control, como el dominio territorial.

Se genera un reordenamiento territorial alrededor a los grandes proyectos de inversión, considerados como núcleos en torno a los cuales se reorganiza la población y el poblamiento y se generan los nuevos procesos socioeconómicos dentro de los cuales las comunidades rurales, su diversidad, sus derechos y su integridad, social, económica y cultural, así como el medio ambiente, se subordinan a las necesidades del sector empresarial transnacional.

Gobierno y empresas tratan de desconocer la diversidad cultural que es un fundamento de la realidad colombiana reconocida por la constitución y tratados internacionales.

Se quiere hacer a cada localidad directamente dependiente de las necesidades económicas, políticas y demográficas de las transnacionales, desconociendo la vida comunitaria y los derechos democráticos, colectivos, económicos, sociales y culturales. Todo esto a nombre del “libre comercio” y la “libre empresa”, o sea de la libertad del capital internacional para disponer a su gusto de la economía nacional, las comunidades, las personas, sus tierras y su fuerza de trabajo. Se quiere también dispersar a los sectores sociales, regionales, étnicos y culturales, mediante estrategias de desplazamiento y disuasión discriminada que buscan impedir su unidad, favoreciendo el dominio externo del territorio.

En concordancia con semejante proyecto, las políticas económicas neoliberales - - íntimamente ligadas a los acuerdos internacionales de comercio y al empeño por satisfacer los intereses y requerimientos de las empresas transnacionales y sus proyectos de inversión y comercio - han demostrado ser anti-agrarias y están poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo colombiano, al debilitar su capacidad productiva, eliminar su soberanía alimentaria, desconocer el derecho a la tierra de las comunidades rurales y pretender eliminar su territorialidad. Estas políticas nefastas llegarán al extremo si entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA o un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

El ALCA en América Latina, como ocurrió con el TLCAN en México, significaría el definitivo desconocimiento del derecho inalienable a la tierra de las comunidades rurales, de manera que la tierra tratada como simple mercancía quede disponible para los megaproyectos e inversiones petroleras, eléctricas, mineras o de otras actividades extractivas requeridas por la economía de Estados Unidos y se convierta en objeto de especulación comercial en contravía de su función social y ambiental, provocando la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales.

Actualmente, las medidas económicas y fiscales a favor de los intereses extranjeros y el desplazamiento forzado, se articulan con las medidas de orden público que con el título de “seguridad democrática” eliminan o recortan las libertades democráticas fundamentales, y con la reforma política, con la que el gobierno de Uribe espera imponer un régimen abiertamente autoritario, a partir de la imposición de un referendo, a la vez que abre el paso a la eliminación de los derechos democráticos y a la subordinación de los poderes y la sociedad al ejecutivo, convierte en norma constitucional el ajuste impuesto por Fondo Monetario Internacional FMI.

Aumentan los impuestos al consumo y a la producción agropecuaria, los peajes y sobretasas, mientras nada se hace por proteger la producción nacional y al contrario, se cierran las pocas instituciones que quedan al servicio del campo, como es el caso del Incora. Miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas son desplazados de sus tierras por la violencia mientras un número grande de pequeños y medianos empresarios en quiebra ha perdido sus tierras y en cambio, se expande el latifundio especulativo.

La gente se ve obligada entonces a cultivar de coca y amapola que el estado declara ilegales y entonces los gobiernos aprovechan para acorralar allí al agricultor para criminalizarlo, fumigarlo y encarcelarlo en cumplimiento de la política de Estados Unidos.

Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluricultural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional.

No nos basta de ninguna manera el rechazo a la política imperante y la oposición a los lesivos planes y medidas del gobierno. Construimos unitariamente una política propositiva, para abrir caminos y futuro y demostrar que somos parte de la solución a los problemas claves del sector y del país. Saludamos entonces que el Congreso Nacional Agrario haya permitido la convergencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, en torno al siguiente Mandato Agrario, que debe ser la base para mantener esa unidad y que desde ahora proclamamos:

1. DERECHO A LA VIDA, PLENAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las colombianas y colombianos. Garantía efectiva al derecho a la vida digna y al bienestar, que exige el reconocimiento de los sujetos colectivos.

· Respeto y garantía real a los derechos de expresión, movilización, protesta, oposición política, organización y a la contratación colectiva.

· Plena vigencia de los derechos y garantías individuales y colectivos.

· El estado cumplirá con todos los acuerdos pactados con las comunidades, pueblos y organizaciones, así como con la aplicación de los derechos constitucionales y legales reconocidos a ellos.

· Responsabilizar y juzgar al Estado colombiano como autor por acción u omisión, de la violación sistemática de los derechos humanos.

· No al estado autoritario, sí a un estado de democracia participativa.

· Alto al extermino y a la criminalización de las organizaciones populares sus líderes y lideresas.

· Verdad, justicia y reparación completa para las víctimas de la violencia y para las víctimas históricas de la conquista de América y la trata de esclavos.

2. SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que afianza la autonomía territorial, económica, social, política y cultural y contrarresta la dependencia.

· Que cada pueblo determine autónoma y soberanamente la producción, distribución y consumo agroalimentario para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento del mercado interno mediante una estructura productiva orientada a generar bienes básicos para alimentar a la población atendiendo a las necesidades nutricionales y culturales.

· Garantía plena de acceso de toda la población a los alimentos sanos con los nutrientes indispensables completos.

· No rotundo a la producción consumo y comercialización de organismos genéticamente modificados.

· Defensa de la producción nacional de alimentos.

· La economía campesina, indígena, afrodescendiente y de los pescadores artesanales, como sus saberes y prácticas culturales son la base estratégica de la soberanía y la seguridad alimentaria.

· Se dará prioridad por parte del Estado y de la sociedad en general a los procesos productivos orgánicos y de transformación de materias primas que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y la biodiversidad, en virtud de que están fuertemente interrelacionados con la soberanía y seguridad alimentaría.

· Es responsabilidad del Estado y la sociedad, defender el patrimonio genético y cultural, la sabiduría tradicional así como su propiedad colectiva.

· La Protección, conservación y recuperación de las semillas nativas de cada región será una garantía para la soberanía alimentaria y la biodiversidad.

· Se establecerán por parte del Estado mecanismos de control social de los alimentos comercializados y procesados, prohibiendo aquellos productos nocivos para la salud humana.

3. ALTERNATIVAS AL ALCA Y A LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

No se aprobarán los acuerdos de comercio internacional que, al servicio del capital transnacional, vulneran la producción y distribución nacional e imponen la recolonización de América Latina y por ello no se incluirá a Colombia en el ALCA ni en un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

· El estado defenderá la producción nacional agropecuaria.

· El sistema nacional de producción y distribución agroalimentaria será orientado y sostenido en función de los intereses de la población colombiana de acuerdo a sus singularidades.

· No se aceptarán normas para favorecer a las transnacionales como las que se quieren imponer en asuntos como propiedad intelectual, patentes, tecnología, medio ambiente, pesca y territorios, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y del conjunto de los colombianos.

· No se aprobarán los acuerdos de inversión que someten las normas nacionales y los contratos a normas de otros países o tratan de congelar el régimen de inversiones y los contratos privados bajo pena de indemnización.

· Todos los acuerdos internacionales que el estado colombiano suscriba y que tengan que ver con el sector rural, la economía agropecuaria, las tierras o territorios y el agua, requieren previa su suscripción el consentimiento de los sectores y comunidades directamente afectados por ellos.

· La agricultura, la tierra y la alimentación no harán parte de acuerdos de libre comercio y serán excluidos de los que ya están aprobados como los de la OMC.

· El comercio internacional y las inversiones no pueden estar sobre los intereses de los pueblos, sino que deben supeditarse a los intereses y derechos de la nación y las comunidades.

· La integración latinoamericana será practicada para fortalecer a nuestros pueblos en el escenario internacional; no sólo, ni fundamentalmente como un asunto comercial.

· Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de la solidaridad y el respeto a sus derechos políticos, económicos sociales, ambientales y culturales.

4. DERECHO A LA TIERRA

El derecho a la tierra y el territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra o la tienen en cantidad insuficiente, así como a quienes la han perdido o a quienes teniéndola estén amenazados de perderla como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores.

· Se reconocen los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afrodescendientes a sus territorios y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y territorios de las comunidades afrodescendientes. Se completarán los procesos de titulación colectiva.

· Se garantizará el derecho inalienable, inembargable e imprescriptible a la tierra a las campesinas y campesinos, mediante la constitución y la inalienabilidad de las reservas campesinas y la priorización de las formas asociativas campesinas.

· Mediante un programa de reforma agraria integral dirigido por el movimiento campesino, afrocolombiano e indígena, que garantice el completo apoyo del Estado a los beneficiarios, se hará cumplir la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, de manera que se aprovechen debidamente las 5 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están intensamente subutilizadas y se revierta la concentración especulativa de la propiedad.

· Los productores y productoras agropecuarias nacionales tendrán derecho a la tierra y se respetarán la pequeña y mediana propiedad rural.

· Se protegerá la diversidad cultural y por ende las diversas concepciones sobre la tierra y el territorio.

· Ante la ausencia de acciones del Estado los campesinos, afrodescendientes e indígenas adelantarán la reforma agraria de hecho.

5. RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA

No se pagará la deuda externa.

· Se condonarán las deudas a los campesinas y demás productores rurales. Suministro de créditos abundantes, baratos y oportunos para los pequeños y medianos productores y productoras rurales, de acuerdo con las particularidades culturales.

· El estado establecerá precios de sustentación rentables y determinará prioridad y subsidios para la comercialización interna de la producción, que permita sustentar una rentabilidad que mejore la calidad de vida de las familias.

· Revocatoria de los impuestos a los productos agropecuarios y pesqueros, y de las alzas de precios de los insumos y de los servicios públicos.

· Se fijaran políticas por parte del estado que consideren los seguros de cosecha.

· Se fomentarán y protegerán los mercados locales.

· Con financiación del estado se reconstruirá la generación y aprovechamiento de ciencia y tecnología agropecuaria propia. Control estatal y comunitario a la introducción de nuevas tecnologías y prohibición de las que son o puedan ser lesivas para las personas, el ambiente o el patrimonio colectivo, como es el caso actual de los transgénicos.

· Adopción de medidas que impidan o reviertan el monopolio de las transnacionales de los agroquímicos, las semillas y la biotecnología.

· Alto a la importación de productos agropecuarios que se pueden producir en el país.

· Reconstrucción de las instituciones agropecuarias del estado con presupuesto adecuado y control de las organizaciones sociales.

· Respeto y financiación estatal de los planes de vida o planes alternativos de desarrollo de las comunidades y organizaciones de base.

· Apoyo estatal para que las campesinas, indígenas, afrodescendientes y productores agropecuarios puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros ni a los latifundistas.

· Se propiciarán formas alternativas al comercio de relación directa entre colectivos de producción y los colectivos de consumo basadas en la solidaridad mutua y en la superación de la barrera entre el campo y la ciudad.

6. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los agroecosistemas y ecosistemas atendiendo al manejo sano de suelos y aguas que garantice su calidad y renovabilidad.

· Posicionar una amplia gama de productos competitivos y ambientalmente sostenibles.

· Mejoramiento de la calidad ambiental de la producción.

· El Estado fortalecerá la generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico aplicado a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura ecológicas, como los de relacionados con la minería limpia.

· Se reconocerá, promoverá y defenderá el conocimiento tradicional indígena, afro y campesino, como los sistemas propios de producción y protección del ambiente. Igualmente, la capacidad de gestión ambiental propia de las áreas protegidas en los territorios de las comunidades.

· No se privatizarán los ríos ni las playas ni zonas de bajamar ni cuerpos de agua. En estas areas el Estado aplicara el ejercicio de prelación orientado a proteger las practicas de producción de las comunidades asentadas ancestralmente en estas. El agua es un bien social que no puede ser privatizado. Se garantizará el consumo de agua potable a toda la población.

· La protección y recuperación de los bosques y nacimientos de agua, como la reforestación con plantas nativas y diversas, serán prácticas agenciadas por el estado y las comunidades.

· Se exigirá licencia ambiental para todo proyecto de inversión y se negará en todo caso en que el proyecto amenace el ambiente o la integridad cultural, económica o social de la población.

· Colombia no aceptará desechos tóxicos ni nucleares.

· Se exigirá la reparación e indemnización a los afectados, a los causantes de los daños ambientales. Se llevará a cabo el seguimiento a los efectos negativos de los pasivos ambientales con la participación de las comunidades afectadas.

7. POLITICA CONCERTADA CON LOS CULTIVADORES DE COCA, AMAPOLA Y MARIHUANA

Cese inmediato y prohibición de las fumigaciones, otras formas de guerra química o biológica y de cualquier programa de erradicación forzada. Se indemnizará a las víctimas de estas políticas:

· La expansión de cultivos de coca, amapola y marihuana son resultado y consecuencia de la crisis económica, el conflicto social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la concentración de la propiedad; por consiguiente no pueden ser considerados ilegales ni erradicados por medios policiales o militares.

· El tratamiento criminal dado por el estado a estos cultivos ha sido funcional al control de recursos estratégicos, territorios, tierra y población, beneficiando los planes estratégicos a largo plazo de Estados Unidos mediante la llamada guerra contra las drogas.

· El uso legal de estos cultivos o su erradicación voluntaria y sustitución debe ser concertado con las comunidades respectivas mediante pactos verificables que establezcan programas financiados por el estado: de reforma agraria, reasentamiento voluntario en tierras aptas para la agricultura, construcción de infraestructura, producción, procesamiento y comercialización.

8. DERECHOS SOCIALES ECONOMICOS Y CULTURALES DEL CAMPESINADO, INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES

La seguridad social financiada íntegramente por el estado para la población rural y los trabajadores agropecuarios, incluyendo salud, riesgos profesionales y jubilación, será una prioridad.

· Se promoverá la reconstrucción y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y demás instituciones de salud del estado - preventivas y curativas- en el sector rural, como la adecuación de las mismas a la cosmovisión, prácticas tradicionales y condiciones propias de las comunidades, eliminando la intermediación financiera.

· Se fortalecerá la medicina tradicional a partir de la promoción de médicos tradicionales, parteras y curanderos.

· Se garantizará el derecho a la educación pública de calidad en todos los niveles para la población rural, totalmente financiada por el estado, de acuerdo con la cultura propia y con las condiciones y necesidades del sector rural. La educación enfatizará en los valores culturales y territoriales propios.

· El conocimiento y la producción artística son un patrimonio y un recurso de poder y una condición para el desarrollo de modelos alternativos de construcción de la ruralidad y de los valores de la nación.

· Para garantizar el derecho al trabajo, se formularán planes concretos para combatir el desempleo, estableciendo el pago de subsidios a los desempleados rurales.

· Se garantizarán el ejercicio de los plenos derechos laborales para los obreros y jornaleros rurales.

· Respeto prioritario a los derechos de los niños y atención a sus necesidades básicas en el campo.

· Se establecerán políticas públicas para los adultos mayores que garanticen atención especial, vida digna y no discriminación.

· El estado y la comunidad promoverán el reconocimiento, apoyo y protección especial a la juventud en quien recae el futuro de la sociedad rural.

· Reconocimiento del derecho a la recreación. Las actividades deportivas tendrán financiación del estado.

· Toda la población rural es sujeto de estos derechos sin que se puedan condicionar mediante estratificaciones o segregaciones.

9. RECONOCIMIENTO POLÍTICO AL CAMPESINADO

Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferenciado, con identidad propia, pluricultural.

· Retribución justa de su significativa e indispensable contribución a la nación para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y la sostenibilidad integral.

· Participación efectiva y representación política propia plena del campesinado, con autonomía voz y voto decisorio en las instancias de planeación, gestión y ejecución de las políticas y programas que se relacionen con el sector agropecuario, el territorio y la vida rurales. Se garantizará también este derecho a la participación a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

· Derecho a la inversión social del estado sin que se condicione a la participación en alianzas, asociaciones o cadenas productivas con grandes empresas o grandes propietarios, las cuales deben ser simplemente opciones de contratación de acuerdo con la conveniencia de los agricultores y agricultoras en los casos en que se garantice la participación favorable y equitativa de los campesinos organizados.

· La reglamentación de la ley de mujer rural debe visibilizar y reconocer los derechos y aportes de las mujeres campesinas.

10. RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES Y SUS DERECHOS

Reconocimiento y contabilización del aporte económico de las mujeres a la producción en el campo y a la reproducción de la fuerza de trabajo.

· Reconocimiento y protección del papel de las mujeres en la construcción de la identidad cultural, en la defensa permanente de la integridad de las comunidades y como gestoras de vida.

· Se tomarán medidas concretas contra la discriminación hacia las mujeres, al igual que se desarrollarán acciones positivas de reparación integral por la discriminación histórica y social que tiendan a una efectiva equidad de género.

· Garantías para la participación decisoria de las mujeres rurales en las instancias de planeación, gestión y ejecución.

· Protección especial para las mujeres cabezas de hogar.

· Las mujeres no son botín de guerra; protección especial para las mujeres víctimas de la violencia.

11. DERECHO A LA TERRITORIALIDAD

Se reconocerá la diversidad e identidad cultural regional, local, étnica y la relación con la naturaleza y el ambiente como partes esenciales de la territorialidad.

· La territorialidad no es solamente un concepto que hace referencia a lo local y propio, sino que incluye las relaciones con otros sectores y la capacidad de unidad con y entre las diferentes comunidades, pueblos y sectores sociales.

· Los pueblos indígenas, el pueblo raizal, las comunidades afrodescedientes y campesinas, tienen derecho al gobierno autónomo de sus territorios y a definir sobre él mismo, sus prioridades y sus planes de vida y a participar en las decisiones que les afectan.

· Se pondrán en funcionamiento previa concertación y acuerdo con las comunidades respectivas, las entidades territoriales de régimen especial que se adecuen a la realidad étnica, social, cultural, económica, ecológica y geográfica, de manera que se ponga en práctica un nuevo ordenamiento territorial en beneficio de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y del pueblo colombiano, que fortalezca la soberanía y unidad de la nación en la diversidad y proteja las culturas y las regiones.

· La explotación de los recursos en cada territorio debe partir de la vida, necesidades, aspiraciones y decisiones de las comunidades titulares de los derechos sobre el respectivo territorio.

12. FIN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Cese del desplazamiento forzado. El estado concertará con las comunidades vulnerables y afectadas medidas efectivas para prevenir y poner fin al desplazamiento y el despojo de sus tierras en el campo.

· Reconocimiento legal a los derechos territoriales de las comunidades y las familias.

· El estado atenderá integralmente a las familias desplazadas por la violencia mediante programas de alimentación, salud, educación, recuperación sico-social, vivienda y empleo y garantizará en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad, su retorno o su reubicación voluntaria en tierras adecuadas para la producción agropecuaria.

· El estado garantizará la reparación completa, indemnización y compensación a todos los desplazados por la violencia.

· Serán anuladas las transacciones de tierras hechas mediante coacción y serán restituida la tierra a los campesinos, indígenas o afrodescendientes desplazados.

· Los beneficiarios y autores de desplazamientos causados directa o indirectamente por megaproyectos u otros proyectos de inversión asumirán la responsabilidad por la reparación integral y el retorno.

· Nuestras organizaciones tratarán siempre a los desplazados como parte de ellas y de nuestras comunidades.

13. SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO

El conflicto armado colombiano solamente tiene una solución política negociada de cara al país.

· El logro de una paz sólida y durable exige, además de los pactos entre las partes, la soberanía nacional, transformaciones del régimen político y la solución de los conflictos económicos y sociales que originaron y mantienen por décadas la confrontación armada y por lo mismo exige la participación decisoria de las organizaciones populares.

· La solución del problema de la concentración de la propiedad de la tierra es un elemento fundamental de la solución del conflicto armado colombiano.

· Se rechazará la doctrina de la seguridad nacional.

· No más intervención de Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia se suspenderá definitivamente. Colombia rechazará las agresiones a otros países.

· Esclarecimiento y castigo a los autores intelectuales, materiales, auspiciadores y financiadores de las acciones paramilitares.

· Mientras dure el conflicto armado se propiciará la suscripción y cumplimiento acuerdos humanitarios.

· No a las zonas de rehabilitación, las redes de informantes, ni a las medidas que involucran a la población civil en el conflicto. O al reclutamiento forzado u obligatorio.

· Construir una agenda de paz del movimiento popular.

14. UNIDAD

Llamamos a las compatriotas y los compatriotas de otros sectores populares y sociales y a los que aun ocupando hoy una posición privilegiada no han perdido su conciencia nacional ni han renunciado a su condición de seres humanos libres a que nos acompañen en el reconocimiento, lucha por este mandato por la vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad.

Ofrecemos para esta lucha nuestra memoria, mártires y experiencia y el proceso de convergencia de nuestras organizaciones y nuestra movilización en conjunto con el pueblo colombiano hasta lograr llevar a la práctica el Mandato.

¡Que vengan todas y todos, que no falte nadie!

Dado en Bogotá, el 8 de abril de 2003 

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